Hace poco más de tres meses, este periódico publicó la historia del conflicto entre dos mujeres en un edificio de la calle Relatores, muy cerca de Sol. Una alquilaba su piso a través de Airbnb pese a no tener licencia. La otra propietaria, sin embargo, llevaba años adecuando su vivienda a la normativa de alojamientos turísticos y todavía no había conseguido abrir.

El caso sirvió como ejemplo para ilustrar la situación irregular de miles de pisos turísticos en la capital. Los mismos que ahora se verán en una encrucijada con el plan de choque de José Luis Martínez-Almeida que entra este viernes en vigor. O cesan su actividad cuando Cibeles se lo ordene o se juegan una cuantiosa sanción en los próximos meses como pretendan seguir desobedeciendo las reglas. Aunque la oposición sigue poniendo en duda la capacidad inspectora del Ayuntamiento para 'cazar' a todos los infractores. 

El alcalde de Madrid anunció el jueves una batería de medidas para capear los efectos de la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) desde el final de la pandemia. A grandes rasgos, Cibeles identifica cuatro: la desertización del centro, los problemas de convivencia con los vecinos, la reducción de la vivienda residencial y la afección en el turismo.

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Todo ello, además, teniendo en cuenta que este mercado está copado por pisos irregulares. Según los datos municipales, de las 13.502 viviendas de uso turístico de la ciudad, sólo 941 funcionan con licencia municipal. O lo que es lo mismo: 12.561 incumplen la normativa. 

Nuevas licencias congeladas 

Cabe recordar que en la capital siguen vigentes las obligaciones urbanísticas sobre las VUT aprobadas por el Gobierno de Manuela Carmena en 2019. Su Plan Especial de Hospedaje (PEH) establece que sólo son legales aquellos pisos destinados al alquiler turístico que tengan un acceso directo e independiente a la calle.

A juicio de la actual Corporación del PP, la legislación de la 'era Carmena' ha resultado "ineficaz para evitar la proliferación de las VUT en la capital y corregir las consecuencias de su rápida expansión al margen de la legalidad".

¿Qué ha hecho ahora el Ejecutivo de Almeida? Suspender desde ya la concesión de nuevas licencias a este tipo de alquileres hasta que se apruebe en el primer trimestre de 2025 la modificación definitiva de la PEH.

Pero, además, el plan para ordenar mientras tanto el mercado de las VUT incluye otras medidas que persiguen acabar con la actividad ilegal actual. Incumplir las reglas saldrá ahora hasta 30 veces más caro. 

Multas altas, más inspectores y una lista

Antes de la entrada en vigor del nuevo plan de acción de Almeida, quién operaba su piso turístico sin la autorización pertinente se enfrentaba a multas mucho más bajas. Cuando se detectaba una VUT que no se podía legalizar, primero se ordenaba el cese de su actividad. Si el propietario no acataba y seguía alquilando la vivienda, se le imponía una sanción coercitiva de 1.000, 2.000 y 3.000 euros. Todo ello rigiéndose Cibeles por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo.

Ahora, la situación cambia de forma notable. El Ayuntamiento actuará al amparo de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Esta legislación tipifica como "infracción grave" la implantación de un uso incompatible con la ordenación urbanística. Bajo esta normativa, si un dueño desobedece la orden de cese se enfrenta a una multa de 30.001 euros. Si sigue sin hacer caso, de 60.001 euros. Y si persiste, de 100.001. Las sanciones son acumulativas. 

Ayuntamiento de Madrid

Otra línea dentro de este plan de acción consistirá en el refuerzo del cuerpo de inspectores. La Subdirección General de Inspección y Disciplina cuenta con 65 trabajadores para toda la actividad inspectora. Este verano, se incorporarán al servicio diez personas más. 

Además, para ofrecer "mayor seguridad y garantía" a los visitantes que opten por hospedarse en Madrid, el Consistorio publicará en su portal, previsiblemente en mayo, un listado oficial de las viviendas turísticas que cuentan con licencia municipal (941 a día de hoy) y su ubicación.

La encrucijada de los 12.561 ilegales

Este 'arsenal' de medidas mete en un callejón sin salida a los 12.561 pisos turísticos irregulares que pretendan seguir funcionando en la ilegalidad. Si les llega una orden de cese del Ayuntamiento y la desobedecen, la multa será exponencialmente más alta que en los últimos años.  

A la espera de los cambios que se aprueben en 2025, a estas VUT sin licencia les queda la opción (las que puedan) de volver a su uso residencial y salir al mercado como alquiler tradicional. 

Fuentes del Área de Urbanismo confían en que el plan que hoy entra en vigor tenga un "efecto a corto plazo" sobre este grupo de VUT que opera sin cumplir la ley. 

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"Mero cambio de intenciones"

Los principales partidos de la oposición no han recibido el plan de Almeida con los brazos abiertos. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, considera que se trata de una medida de "propaganda". La líder de la oposición cifra en 24.000 el número de viviendas turísticas ilegales y sólo 277 con licencia, frente a los datos oficiales del Ayuntamiento.

"Da igual que no se concedan nuevas licencias porque el 99% de los pisos turísticos funcionan sin licencias. La pregunta es: ¿cuando piensa Almeida cerrar ese 99% de pisos turísticos?", se pregunta.

Por otro lado, Maestre denuncia que bajo la dirección del actual alcalde "se ha desmontado el servicio de inspección de una veintena de profesionales que se montó durante el Gobierno de Carmena". Por eso, la dirigente de Más Madrid reclama "voluntad política" y "medios de inspección" para hacer poder cumplir la normativa municipal. 

Antonio Giraldo, portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, sostiene que la congelación de nuevas licencias no tiene "efecto" alguno porque la mayoría de pisos ya abrían sin pedir permiso. Igual que Maestre, incide en la "nula capacidad de disciplina" de la Corporación municipal. 

"Solo 17 personas de las 65 que dice el delegado que están trabajando en la Agencia de Actividades [el organismo municipal responsable de la tramitación de las licencias y de la actividad inspectora] tienen titulación para ejercer como inspectores urbanísticos (según sus propios datos). Y ojo, esto para todas las actividades económicas, no sólo VUT", argumenta Giraldo. 

Respecto a las multas, el concejal socialista recuerda que la Ley del Suelo "ha estado siempre ahí", pero Cibeles ha venido aplicando "sistemáticamente las horquillas más bajas de sanción". "Siempre han podido sancionar muchísimo más, como siempre muchos hemos pedido. No se cambia nada, es un mero cambio de intenciones", defiende. 

Con todo, Giraldo señala que el Ayuntamiento de Martínez-Almeida debería haber llevado a cabo una "campaña masiva de inspección y con sanciones en la horquilla más alta". "No sirve de nada suspender licencias, ni si quiera cambiar el Plan de Hospedaje (...) Es posible que pueda mejorarse y yo lo apoyo, pero el problema no es la normativa, sino que llevamos sistemáticamente 6 años dejándola incumplir con nula capacidad de reacción", concluye.