La UE retira las sanciones contra Polonia por el plan de Tusk para rehacer el Estado de derecho

"Hoy se abre un nuevo capítulo para Polonia". La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes su intención de archivar de forma definitiva en las próximas semanas el expediente sancionador que Bruselas lanzó hace seis años contra el Gobierno de derecha radical de Ley y Justicia por atentar contra la independencia de los jueces y el Estado de derecho.

El denominado procedimiento del artículo 7 del Tratado se activó por primera vez contra Polonia en diciembre de 2017 por someter a los jueces al control político. Se le conoce en Bruselas como la 'opción nuclear', porque podría haber desembocado en la suspensión del derecho de voto de Varsovia en la UE.

Sin embargo, los Gobiernos comunitarios nunca han logrado la unanimidad necesaria para llegar hasta el final porque la Hungría de Viktor Orbán siempre había apoyado a Polonia. Ahora Orbán, que también está sujeto a un expediente del artículo 7, se ha quedado solo.

[El reto de Tusk: rehacer el Estado de derecho en Polonia respetando el Estado de derecho]

Von der Leyen cierra el expediente sancionador contra Polonia por considerar que el plan de acción para restablecer la independencia judicial que le ha presentado el nuevo Ejecutivo del democristiano Donald Tusk acaba con los riesgos que amenazaban la pervivencia del Estado de derecho en Polonia.

"Felicito al primer ministro Donald Tusk y a su Gobierno por este importante avance. Es el resultado de su arduo trabajo y sus decididos esfuerzos de reforma. El actual restablecimiento del Estado de derecho en Polonia es fantástico para el pueblo polaco y para nuestra Unión en su conjunto. Es un testimonio de la resiliencia del Estado de derecho y la democracia en Europa", ha dicho la presidenta.

Según la evaluación de Bruselas, Tusk ha puesto en marcha una serie de medidas legislativas y no legislativas para restablecer la independencia del sistema judicial, ha reconocido la primacía del Derecho de la UE y se ha comprometido a aplicar todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Como resultado de todo ello, el Ejecutivo comunitario concluye que "ya no existe un riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en Polonia en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea".

La Comisión ha trasladado su diagnóstico a los Gobiernos europeos para que formulen las observaciones que estimen oportunas y también ha informado a la Eurocámara. Tras escuchar a los Estados miembros (probablemente en el Consejo de Asuntos Generales del 21 de mayo), el Ejecutivo comunitario procederá al cierre formal del expediente sancionador.

La evaluación positiva de Bruselas sobre el plan de Tusk para rehacer el Estado de derecho en Polonia ha permitido además desbloquear los 137.000 millones de euros de ayudas europeas adjudicados a este país para el periodo 2021-2027, congelados bajo el Gobierno de Ley y Justicia.

Varsovia recibió el pasado 15 de abril el primer pago por valor de 6.300 millones de euros de fondos Next Generation. El Ejecutivo comunitario concluyó que el Gobierno de Tusk había cumplido de forma satisfactoria los dos "superhitos" incluidos en el plan de recuperación polaco para fortalecer la independencia del poder judicial, en particular mediante la reforma del régimen disciplinario para los jueces.